El 2 de abril de 2025 se publicó la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que marca el inicio de una nueva etapa en la gestión responsable de los alimentos. Esta norma entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2026. A partir de entonces, los agentes de toda la cadena alimentaria deberán adaptarse a obligaciones específicas, impulsadas por intereses ambientales, sociales y económicos. Pero, más allá de la normativa, esta ley abre una ventana para que los dietistas‐nutricionistas aportemos nuestra experiencia en alimentación saludable, planificación y eficiencia alimentaria.

En términos generales, el objeto principal de la nueva ley es prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria —desde la producción hasta el consumo final— mediante el uso eficiente de los recursos, la donación, la innovación y la sensibilización.

Objetivos y obligaciones fundamentales

La norma articula una jerarquía de prioridades para los excedentes alimentarios: primero debe buscarse la prevención (incorporando la transformación de excedentes en nuevos productos alimenticios), luego la donación o redistribución para consumo humano, seguido usos secundarios como alimentación animal o subproductos industriales, y finalmente el reciclaje o valorización (biogás, compostaje, etc.).

Los agentes de la cadena (productores, transformadores, distribuidores, hostelería, comercio minorista, entidades sociales) deben tener un plan de prevención de pérdidas, adoptar buenas prácticas, firmar convenios con entidades sociales para donaciones, facilitar que los clientes se lleven alimentos sobrantes (en hostelería) y ajustar fechas de consumo preferente en productos.

El régimen sancionador distingue infracciones leves, graves y muy graves, con multas que pueden ir desde unos pocos miles de euros hasta cifras elevadas, si no se cumplen las obligaciones de elaboración de planes o aplicación de la jerarquía.

Uno de los objetivos cuantitativos es reducir, para 2030, los residuos alimentarios per cápita en venta minorista y consumo en un 50 %, y disminuir en un 20 % las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción en comparación con 2020.

El papel del dietista-nutricionista en la lucha contra el desperdicio alimentario

Los dietistas-nutricionistas estamos en una posición ideal para contribuir en varios puntos de esta cadena normativa:

• Asesoramiento en comedores y servicios alimentarios para asegurar que los menús sean ajustados, eficientes y minimicen desperdicios.
• Diseño de planes de prevención a través de la colaboración con empresas, restaurantes, colegios u hospitales en la redacción y aplicación de planes adaptados a la ley.
• Formación y sensibilización para capacitar al personal de cocina, gestores y consumidores y ayudarles a comprender la jerarquía de prioridades, fechas de consumo y buenas prácticas.
• Participación en sistemas de donación segura para verificar que los alimentos excedentes para donación cumplan criterios de inocuidad y nutrición.
• Evaluación y seguimiento para medir el impacto de las medidas adoptadas, ajustar estrategias y reportar resultados de reducción de desperdicio.

La Ley 1/2025 representa un paso decisivo hacia un modelo alimentario más sostenible, solidario y eficaz. Pero su éxito dependerá de una aplicación rigurosa, adaptada y acompañada por expertos. En este contexto, los dietistas-nutricionistas no podemos ser meros espectadores: podemos y debemos desempeñar un rol activo, orientando decisiones desde la nutrición, transparencia y responsabilidad social. Desde CODINAN, animamos a profesionales, empresas y administraciones a unir fuerzas para que esta normativa se traduzca en cambios efectivos en nuestros sistemas alimentarios.